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| En el banquillo de los acusados estuvieron integrantes de las Juntas militares que gobernaron entre marzo de 1976 y junio de 1982. |
El juicio de la Causa 13 había comenzado el 22 de abril de 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín llevaba menos de dos años, con una democracia aún no consolidada y con presiones de los sectores castrenses.
En el banquillo de los acusados estuvieron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón
Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando
Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, integrantes
de las Juntas militares que gobernaron Argentina entre marzo de 1976 y junio de
1982.
El tribunal fue la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal,
compuesta por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos
Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio, y
Julio César Strassera como fiscal.
Strassera fundamentó su acusación en el
"Nunca Más", el informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (Conadep), creada por un decreto de Alfonsín, y
corroboró las pruebas en base a las declaraciones de los testigos.
El 9 de diciembre, Videla y Massera resultaron condenados
a reclusión perpetua con destitución; Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini
a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución, en
tanto que Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.
Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que declararon
durante el juicio a los comandantes de las juntas militares de la última
dictadura, aportaron pruebas decisivas para que los magistrados de la Cámara
Nacional de Apelaciones condenaran por violaciones a los derechos humanos a
varios de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas.
Tres
casos: Lewin, Muñoz, Dagostino
A 35 años de ese histórico veredicto, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1985, Télam
reunió los recuerdos de tres testigos que se animaron a describir ante los
jueces los padecimientos que sufrieron en las catacumbas del terrorismo de
Estado.
"Siento que ese juicio marcó un punto de inflexión en la historia
argentina para que se conociera la verdad de lo que había pasado. Gracias a ese
proceso oral, el país se convirtió en una referencia en políticas de derechos
humanos y sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia",
señaló en diálogo con esta agencia la periodista Myriam Lewin.
La actual directora de la Defensoría del Público y sobreviviente de la ESMA,
aseguró que, para ella, como para muchos de sus compañeros de cautiverio, "contar
lo sucedido en el juicio era un compromiso que no se podía eludir".
"Recordemos en el contexto en el que se produjo el Juicio. La amenaza del
golpe estaba allí, todo el tiempo y nosotros, los testigos estuvimos muy
expuestos. Los represores estaban libres y negaban todo; no había existido la
ESMA ni los 'vuelos de la muerte'; los militares decían que nosotros habíamos
colaborado con ellos, y que los desaparecidos estábamos en Europa",
repasó.
La periodista señaló que, durante su declaración, que se prolongó por más de
cuatro horas, sintió "la mirada de los comandantes en la espalda",
mientras daba testimonio de frente a los magistrados.
"Los defensores nos intimidaron con preguntas sobre nuestra militancia
para desacreditarnos. Muchos de nosotros sufrimos amenazas y hasta nos armaron
causas judiciales. A mí me implicaron en el secuestro de un directivo de
Mercedes Benz. Todas operaciones de inteligencia de andamiaje represivo que
seguía intacto", aseguró.
Lewin contó que los testigos que declararon en el juicio a las Juntas tomaban
precauciones antes de concurrir a las audiencias, como dormir en otro
domicilio antes de declarar y no viajar solos antes y después de declarar.
"A pesar de todo eso, valoro mucho el trabajo que hizo el fiscal
Strassera y su equipo para contener a los testigos. En medio de todo ese
clima", apuntó.
"Creo que el juicio tuvo una significación más política que jurídica. No
estuve de acuerdo con muchas de las condenas y con las absoluciones. Pero lo
fundamental pasó por difundir todo lo que había pasado. Eso fue lo más
importante. Lo que dijimos era la verdad", sostuvo Carlos Muñoz, otro sobreviviente de la ESMA que testificó durante
siete horas.
Muñoz recuerda que las audiencias se desarrollaron en una sala amplia, con
gente que fumaba y la mirada atenta y amenazante de los militares hacia a cada
declarante.
"Desde los últimos años de la dictadura venía declarando en organismos, y
en la instrucción de este juicio lo hice ante un tribunal militar. Tenía 24
años, había estado en el centro clandestino de Atlético y pensé que íbamos a
participar de un juicio simbólico, en el cual se dieran algunas condenas y todo
quedara allí", indico Miguel
Ángel Dagostino, otro de los testigos de este juicio. Y, en ese sentido,
agregó: "Más allá de que algunos fallos no me conformaron y hubo
absoluciones, las cosas se dieron de otro modo".
"En su veredicto, el tribunal dio instrucciones a los jueces que debían
completar las investigaciones, y comenzaron a darse detenciones y
procesamientos por otras causas", agregó.
"Más allá de lo que sucedió en los años posteriores, la realización
de ese juicio es un logro histórico. Haber juzgado a sus criminales, a sus
dictadores es uno de los grandes méritos que tiene esta sociedad, que asumió
una responsabilidad histórica de que esas cosas no pueden volver a
suceder", puntualizó Lewin.
Uno de consecuencias de los juicios a las
Juntas, fue que se abrieron expedientes por crímenes cometidos en el Primer
cuerpo de Ejército, el Segundo, el Tercero, Campo de Mayo, La ESMA y el
Circuito "Camps". Ante esta situación, el sector militar
presionó al poder político que cedió con las sanciones de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, tras la rebelión "carapintada" de Semana
Santa de 1987.
Fuente: Telam/ Por Leonardo Castillo