El monto de $ 723.461 millones destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación federal. De ese monto, $ 258.013 millones fueron para el IFE.
Las transferencias realizadas por el Gobierno
nacional para morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus en las
finanzas provinciales, las familias y las empresas ascendieron a $ 723.461
millones, a través de los distintos programas desplegados desde fines de marzo.
Así se desprende de un análisis del Gobierno sobre las transferencias del
Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas de aislamiento
realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia del
decreto 297, y hasta el 2 de noviembre.
El documento que se analizaba esta semana en los despachos oficiales destacó
que el monto de $ 723.461 millones destinado a asistir a los estados
provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación.
Por un lado se mencionan las transferencias directas a través de Asistencias
del Tesoro Nacional y el Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincia (FFDP)
por $108.073 millones, mientras las indirectas, es decir aquellos fondos
girados a las empresas y las familias, sumaron $ 615.389 millones.
Los
préstamos otorgados por el FFDP (108.073 millones de pesos) fueron diseñados para cubrir las necesidades
financieras específicas de cada provincia, producto de la pandemia y las
medidas sanitarias para su control.
Entre los fondos que el Gobierno nacional distribuyó en las empresas y las
familias en todo el territorio nacional figuran los créditos productivos a
tasa 24%, los préstamos a tasa 0% para trabajadores monotributistas y
autónomos, y los préstamos a empresas otorgados en el marco del Programa
Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Todos estos créditos cuentan con garantía estatal (Fogar) y, en algunos casos,
subsidio de tasa (Fondep), lo que permitió un aumento sustancial del
crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la crisis,
reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les fue
posible.
Con respecto al salario complementario, que permitió sostener los del sector
privado, el Gobierno destinó $ 204.089 millones, mientras que al Ingreso
Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de las y los
trabajadores del mercado informal, se destinaron $ 258.013 millones.
El ATP (pago directo de una parte sustantiva de la nómina salarial privada) y
el IFE fueron las dos políticas más importantes desarrolladas durante la
pandemia, puestas en marcha pocos días después del inicio del ASPO
Desde el 24 de marzo, cuando se publicó el
DNU que dio lugar al Ingreso Familiar, se concretaron tres rondas que alcanzaron
hasta 9 millones de beneficiarios con un monto de $ 10.000, mientras que
el 1° de abril se puso en marcha la primera versión del ATP, que este mes cerró
su séptimo ciclo.
Durante el mismo período también se destinaron fondos para reforzar la
política alimentaria por $ 4.384 millones, y para otorgar recargas adicionales
en las tarjetas, a fin de apoyar a familias con hijos e hijas menores de 6
años, por $ 7.718 millones.
A la vez, los bonos a los jubilados y pensionados, personas con
discapacidad y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, sumaron $
43.560 millones.
El miércoles, el gabinete económico ratificó el fortalecimiento de los
programas sociales mientras se reduce el paquete de ayuda de la pandemia: en
diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que asiste a más de
1,5 millón de familias (unos 2,9 millones de niñas y niños), con una
inversión mensual de $ 7.500 millones.
Del mismo modo se fortalecerán durante el último mes del año las transferencias
de fondos a municipios y gobernaciones para garantizar la asistencia
alimentaria.
En este sentido la AUH sumará 723.000 nuevos niños y niñas que cobrarán el
beneficio, entre los cuales 15.000 serán incluidos por la eliminación del tope
de 5 hijos/as por familia.
En una segunda etapa se incluirán otros 300.000 chicos y chicas que están aún
por afuera del sistema y no figuran en las bases de datos; asimismo, las
familias beneficiarias de la AUH cobrarán el plus del 20% en diciembre, lo que
demandará más de $ 20 mil millones.
A la par de estas medidas el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha
el plan Potenciar Inclusión Joven, destinado a jóvenes de 18 a 29 años,
que consiste en una beca de $ 8.500 a quienes presenten un proyecto
productivo o social.
El plan Potenciar Trabajo, en tanto, busca reconvertir planes sociales en
programas con una contraprestación laboral específica, para casi casi 600 mil
beneficiarios.
A todas esas medidas se añade el proyecto de ley enviado al Congreso nacional,
relacionado con la asistencia a familias durante los primeros 1.000 días
de un bebé (desde el momento de la gestación hasta que haya cumplido los 2
años).
Finalmente, para empresas que desarrollan sus actividades en sectores no
críticos y sigan muy afectadas por la pandemia, el Gobierno nacional relanzó el
Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el cual podrán acceder a una
suma fija mensual de $ 9.000 por trabajador.
Fuente: Telam