El juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó esa
medida para la vicepresidenta y otros 200 ex funcionarios y empresarios. Es por
una causa derivada del caso de los cuadernos, en la que se investiga el
supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte.
La vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner fue sobreseída este martes, junto con más de 200 exfuncionarios y
empresarios, en una causa vinculada al llamado caso de los cuadernos en la que
se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte
beneficiadas con subsidios al gasoil, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el
marco de un expediente en el cual su antecesor al frente del juzgado 11, el
fallecido Claudio Bonadio, primero había procesado a los imputados. Esa
decisión luego fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó seguir
investigando.
La maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al
gasoil para empresas de colectivos: lo que se buscó determinar es si el sistema
implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes
superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se
entregaran subsidios superiores a los correspondientes.
Para Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003
hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido
por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.
Para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque,
por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los
kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración
jurada- para percibir los subsidios.
En un fallo de más de 200 páginas, el
magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que
lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “la imposibilidad de
realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.
Los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi alcanzaron
también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios
de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a
más de dos centenares de empresarios del transporte.
De Vido y Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al
exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio
Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la
empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), que durante el período
comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de recibió cupos de gasoil a precio
diferencial sin prestar servicios.
Cuando la expresidenta fue citada a indagatoria por este expediente, cuestionó
el trámite de la causa, señaló que las irregularidades investigadas resultaban
ajenas a su competencia como presidente de la nación y recordó que había sido
su propio gobierno el que instaló los GPS en los colectivos.
Tras analizar los elementos incorporados al expediente, y avanzar en la
dirección encomendada por la Cámara Federal porteña que, con los votos de los
jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi había ordenado profundizar la
investigación y realizar una nueva pericia, el juez Martínez de Giorgi
determinó que correspondía dictar los sobreseimientos.
“Si la AGN (Auditoría General de la Nación) y la SIGEN (Sindicatura General de
la Nación) enfrentaron las dificultades detalladas en sus informes ya reseñados
y terminaron aludiendo a las complejidades de los sistemas y los problemas para
su control, no parece posible encontrar organismo o especialista alguno que
pueda superar sus trabajos”, sostuvo el juez al explicar que no le quedaba otro
peritaje posible por realizar.
“En tales condiciones, luego de más de seis años de instrucción y sin medidas
útiles por producir, las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes
conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados”, concluyó.
Fuente: Telam