 |
| Ecosistemas serranos de Córdoba después de los incendios. Gentileza Foto: Juan Pablo Argañaraz. |
En 2020, cerca de 9 mil kilómetros cuadrados de vegetación fueron afectados. Cuatro investigadores de CONICET analizaron el estado ambiental de los ecosistemas tras el paso de los incendios forestales y evaluaron las herramientas científicas, jurídicas y sociales con las que hoy se cuenta para el futuro inmediato.
Carolina Vespasiano
El 2020 agotó la capacidad para las metáforas. Al día
de hoy, al menos tres provincias –Salta, Jujuy y La Rioja- siguen con focos
activos de incendios, y muchas otras vieron comprometidos sus ecosistemas más
importantes tras varios meses literalmente prendidas fuego. Y en Tucumán, en estos momentos, parte de la zona de El Cadillal, volvió a encenderse.
En total, casi 9 mil kilómetros cuadrados de
vegetación nativa, hábitat de cientos de especies animales y patrimonio
colectivo de las comunidades, se vieron afectadas en lo que va del año, y la
profundidad de dichos daños aún es difícil de mensurar.
A contramano de la aparente quietud que implicó la
cuarentena, según los reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95
por ciento de los incendios fueron intencionales y, en algunos casos, ya se
cuenta con denuncias concretas por practicar la quema con fines de expansión
inmobiliaria y agropecuaria.
¿Qué escenarios se abren con esta crisis ambiental? Y, fundamentalmente ¿cuáles son los caminos hacia la recuperación?
Cuatro
investigadores de CONICET dialogaron con la Agencia CTyS-UNLaM el
impacto de esta problemática en sus territorios, y sobre los debates
ambientales que se vienen.
Lo que el fuego se llevó
Juan Pablo Argañaraz es investigador de CONICET en el Instituto Gulich (CONAE-UNC), de la provincia de Córdoba. Estudia las variaciones en la ecología del fuego a partir de la simulación de distintos escenarios geofísicos, climáticos y meteorológicos. El objetivo es comprender qué regiones tienen más predisposición al incendio y utilizar esos parámetros como herramienta de gestión del fuego.Córdoba fue una de las provincias más afectadas por
las llamas, con 315.944 hectáreas incendiadas, una superficie equivalente a
cinco veces la ciudad de Córdoba capital. “Sinceramente, lo de este año fue muy
dramático: hemos tenido muchos incendios muy grandes, y eso deja una superficie
alterada. Con la pérdida de vegetación, va a haber mucho arrastre de material y
los animales ya no tendrán dónde comer y habitar”, explicó el investigador a
la Agencia CTyS-UNLaM.
Los ecosistemas de monte serrano fueron los más
afectados, dejando una situación comprometida para los suelos que quedaron con
escasa cobertura vegetal, una mayor exposición a la erosión y una pérdida de su
capacidad de retención hídrica para proveer a los cursos de agua durante la
estación seca, lo que muchas veces compromete el abastecimiento de agua a la
población a fines del invierno y comienzos de primavera.
Sobre la recuperación de estas grandes extensiones,
Argañaraz planteó que todavía no se conoce la magnitud del daño y que, en ese
sentido, es importante generar estrategias basadas en las características del
lugar, aunque dichas medidas impliquen simplemente dejar que la propia
naturaleza reaccione.
“Hay muchos estudios que han probado que las plantas nativas tienen una alta
capacidad de supervivencia. En general, entre un 70 y un 90 por ciento
sobrevive, pero, dada la extensión del fuego, desconocemos si se podrá
recomponer o si hacen falta otras medidas de recomposición”, precisó Argañaraz.
En consonancia, un equipo de investigadores del Centro
Científico Tecnológico (CCT–CONICET-Córdoba) instó al gobierno provincial a
adoptar medidas ecológicamente adecuadas, desde un enfoque transdisciplinario,
y a disponer de los recursos de cartografía digital existentes para conocer el
estado real de los escenarios afectados.
Hacia el noreste del país, en la provincia de
Corrientes, el fuego arrasó con regiones de monte nativo y también de
producción maderera. “En el área donde estábamos trabajando nosotros, quedó
todo quemado. Ahora, lamentablemente, volvieron a subir las temperaturas, pero
estamos asustados. Queda un 10 por ciento del parque en pie, pero está muy seco
todo”, contó a la Agencia CTyS-UNLaM el investigador Martín
Kowalewski, que trabaja con poblaciones de monos carayá en Parque Provincial
San Cayetano.
El investigador, dedicado también al estudio de
enfermedades zoonóticas en el cruce de ecosistemas silvestres y urbanos,
detalló que el hábitat de muchas especies autóctonas se vio fragmentado y que
una de las primeras tareas al contenerse los incendios es, precisamente,
intentar generar puentes para la fauna sobreviviente.
Sin embargo, el primer paso es intentar dimensionar la
magnitud del daño. “Hay ambientes que resta evaluar si se pueden recuperar y de
qué manera: si no se quemaron las raíces y los bancos de semillas, es probable
que se reestablezca, aunque obviamente dependemos de que llueva”, precisó
Kowalewski.
En lo que respecta al litoral, el panorama es de una
gravedad casi sin precedentes. Desde que comenzó el año hasta el día de hoy, en
las provincias de Entre Ríos y Santa Fe se quemaron 306.529 hectáreas, un
proceso agravado por las condiciones secas y cálidas del fenómeno atmosférico de
la Niña y por la bajante histórica del Paraná.
“Ya no queda nada más por quemar”, sintetizó la
investigadora del CONICET Natalia Morandeira, quien se dedica al estudio de los
ecosistemas de humedales en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental
(3iA) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La investigadora sumó que, en ecosistemas previamente
impactados por la sequía, el fuego vino a añadir un estrés adicional.“En el
caso del Paraná, los incendios se propagaron más rápido y quemaron no solo la
vegetación seca, sino también el suelo, el fondo seco de los cuerpos de agua,
donde todo el carbono y el nitrógeno acumulado se vuelve a emitir a la
atmósfera y contribuye así al cambio climático”.
Con estos parámetros, los pronósticos futuros son algo
reservados. De hecho, no solo hacen falta disponer de recursos para monitorear
y evitar nuevas quemas, sino proteger los espacios alcanzados por el fuego para
que comiencen el proceso de regeneración.
Según estudios realizados por investigadoras de la
UNSAM después de los incendios del 2008 en el Delta, se estima que estos suelos
tardan algo más de una década en recomponerse si no se los somete a nuevas
alteraciones.
“En esta zona de humedales –agregó Morandeira- los
suelos son producto de muchos procesos de acumulación de sedimentos, reiteradas
inundaciones, acumulación de raíces y demás, por lo que necesitarán mucho
tiempo para recuperar la capacidad de almacenar carbono”. Sin embargo, en Entre
Ríos, ya hay denuncias de preparación de terrenos dañados para agricultura,
rociando nuevamente la tierra con plaguicidas.
Agenda política y ambiental, senderos que se bifurcan
Con el correr de los meses, las comunidades locales dieron con potenciales
responsables de muchas de las quemas, algunas registradas en tierras donde más
de una vez se detectaron las columnas de humo. No obstante, y con toda una
batería de legislación mediante, la letra fría de la ley no llega siempre a
traducirse en buenas prácticas.
“Tenemos normas ambientales vigentes muy completas: hay
dos leyes de presupuestos mínimos, una sobre quemas y otra sobre manejo de
fuego, pero en la práctica fueron bastante desfinanciadas. Son leyes que
existen pero que no tienen la efectividad deseada como para que hoy no estemos
siendo arrasados por el fuego”, reflexionó, por su parte, la abogada e
investigadora del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Valeria
Berros.
En primer lugar, la investigadora e integrante de la
organización de Derecho Ambiental Capibara identificó un accionar desarticulado
entre los distintos niveles de gestión gubernamental y una dificultad para
jerarquizar la causa ambiental dentro de estos poderes, a partir de políticas
de protección de la biodiversidad, desarrollo sustentable y fallos que sienten
jurisprudencia en la materia.
“La labor de identificar quienes fueron los responsables de iniciar estos
incendios es importante, por un lado, para que se hagan cargo de esa
recomposición, al margen del debate de cómo debería llevarse a cabo y, por
otro, porque es necesario que haya algunos antecedentes en ese sentido”,
precisó.
Este año, el mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable se presentó como querellante en las investigaciones por incendios,
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que, en algunos casos, se
formen mesas de emergencia para, entre las jurisdicciones involucradas para
investigar, dar curso a las denuncias y sancionar las quemas ilegales.
Sin embargo, en lo que respecta a gestión de los
recursos, los investigadores señalan una suerte de distancia que imposibilita
vincular los problemas sociales, económicos y ambientales con las formas en las
que se enfoca el modelo de desarrollo.
En palabras de Kowalewski, basta con observar el
ejemplo de la pandemia: “Cuando comenzó la cuarentena, se hablaba sobre su
posible origen zoonótico, pero, a los 15 días, se establecieron como esenciales
distintas actividades extractivas directamente vinculadas con estos escenarios
de intercambio de enfermedades, tanto a nivel nacional como regional”
Ante la duda, primero la naturaleza
Pese a las dificultades, Berros destacó que las causas ambientales no solo
están teniendo cada vez más resonancia en las comunidades, sino que la misma
naturaleza de esta rama del derecho fue cambiando su comprensión del entorno
natural en los últimos tiempos.
“Si uno hila un poco más fino –explicó- se ven
perspectivas nuevas en el derecho ambiental que están circulando en América
Latina desde hace tiempo, como el ‘giro ecocéntrico’, que busca corrernos de la
mirada antropocéntrica y de mirar al ambiente ya no como algo que tenemos que
proteger solo porque nos rodea, sino como algo de lo que somos parte”.
Así, algunos proyectos de Ley en Argentina, como los
de humedales que actualmente se están discutiendo, ya empiezan a ponderar estos
ecosistemas por su “valor intrínseco” y no cómo espacios que deben protegerse
solo por los servicios ecosistémicos que prestan. Es decir, que se rescata su
valor per se.
Dentro de este “giro”, que vuelve un poco más compleja
la mirada sobre el entorno, también se contemplan otros saberes no
estrictamente científicos a la hora de construir aquello que se protege.
“Tenemos ahí una cuestión trascendental: alguien va a
definir qué es un humedal, y el que lo define es el discurso científico, pero
se está empezando a pensar en cuáles otras voces es necesario traer para pensar
qué es un humedal, porque los saberes no solo circulan por los que producen
conocimiento”, reflexionó la investigadora.
Berros reconoce otra herramienta relativamente nueva
del Derecho ambiental que es el principio In Dubio Pro Natura que,
en una traducción directa indica que, ante la duda, debemos tomar la decisión
que más beneficia a la naturaleza, sorteando la incerteza básica de los saberes
en pos del cuidado del medio ambiente.
De cara al futuro
En la práctica, de vuelta al calor del fuego, esta serie de transformaciones en
el derecho trae herramientas para pensar colectivamente la convivencia con todo
lo vivo, y para no confinar las prácticas de cuidado sólo a las áreas
protegidas. Es decir, que cuidado, usos y desarrollos no impliquen
necesariamente territorios –y actores- separados.
Todos los investigadores coinciden en que la
diferencia más significativa con incendios anteriores es que la cuestión
ambiental está mucho más en la agenda social que antes. “La sociedad está más
organizada, hay más exigencia a los gobiernos, hay más información”, adelantó
Morandeira, pero enfatizó que el desafío está en poder abordar las
problemáticas ambientales “desde su complejidad”.
En ese sentido, apuntó a dejar de lado la dicotomía
“conservacionistas vs. productivistas” para, en su lugar, “buscar una
convergencia entre esas visiones y discutir qué modelos de desarrollo queremos,
qué impactos aceptamos en el ordenamiento territorial de los esquemas
naturales”. Al respecto, Argañaraz subrayó la necesidad de reforzar la
educación ambiental y la construcción de nuevas prácticas de manejo del suelo
entre el Estado y los productores.
De alguna manera, esas miradas, que ya comienzan a plasmarse en el Derecho
ambiental, invitan a considerar que las decisiones sobre suelos privados tienen
impacto en el patrimonio público, y que se deben articular las regulaciones
existentes para poder prevenir esos malos usos del territorio.
Kowalewski lo resumió, en parte, de esta manera:
“Cuando vos conservas ambientes naturales, estás trabajando para el futuro. Hoy
por hoy, a la altura de destrucción que hemos alcanzado, el cambio no puede ser
individual, tiene que ser colectivo”.
Fuente: Agencia CTyS-UNLaM