Entre las recomendaciones que formula -aprobada durante el macrismo- fueron efectistas pero no efectivos. Generaron sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con el mandato de lograr la reinserción de las personas.
Por Silvina Caputo
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentará el martes
próximo ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso su
Informe Anual 2020, que destaca como "prioritario modificar la política
criminal del Estado" y que en pandemia "la tasa de contagios fue
menor en los penales que la registrada en la sociedad en general, aunque el
índice de letalidad fue superior".
Las conclusiones del relevamiento -con un diagnóstico de la situación de las
personas privadas de libertad en el país y del cumplimiento de las obligaciones
estatales en esta materia (entre mayo del 2019 y mayo del 2020)- fueron
explicadas a Télam por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Irrazábal; el
secretario ejecutivo Alan Iud y los comisionados Diana Conti y Gustavo
Palmieri.
El informe será presentado ante la comisión bicameral del Congreso el próximo
martes a las 11 y muestra que "la cantidad de personas privadas de la
libertad está en crecimiento" con su "consecuente impacto en la
sobrepoblación y hacinamiento", explicó Irrazábal.
Entre las recomendaciones que formula el Comité figura "modificar la
política criminal del Estado, ya que los últimos marcos normativos como la Ley
de Flagrancia -aprobadas durante el macrismo- fueron efectistas pero no
efectivas. Generaron sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con el
mandato de lograr la reinserción de las personas".
En cuanto al Covid, la Comisión hizo "seguimientos en penales donde
tuvimos una muy buena comunicación con la actual interventora del Servicio
Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, a quien le acercamos
propuestas", contó Irrazábal.
Dijo que la actual gestión de Alberto Fernández permitió una "mayor
receptividad para aceptar cambios que transformen los lugares de encierro con
una mirada muy clara respecto de las condiciones que deben tener estas personas
para garantizar el ejercicio de sus derechos".
Alan Iud contó a Télam que "a mediados del 2019 vimos que a nivel federal
y en Provincia de Buenos Aires comenzó un amesetamiento en la cantidad de
personas privadas de su libertad mientras que había habido un incremento de más
de un 30% entre 2016 y 2018".
Entre las causas de ese incremento citó "modificaciones legislativas como
la Ley de Ejecución Penal que restringió los accesos a libertades condicionales
y salidas anticipadas, y la Ley de Flagrancias con la que creció la cantidad de
personas con penas de menos de tres años".
Sobre los casos de Covid contó que hicieron "relevamientos de medidas
tomadas por diferentes jurisdicciones y observamos que la tasa de contagios,
comparado con los países de la región, era inferior a la que presenta la
sociedad argentina en general, pero la tasa de letalidad se duplica en los
lugares de encierro".
Enumeró que en inspecciones en unidades penitenciarias provinciales se
detectaron "hallazgos muy relevantes, en particular en las provincias de
Santa Fe y Tucumán donde hubo denuncias de la utilización de varillas para
castigar a los detenidos, o de encierro de gran cantidad de personas en
comisarías por periodos largos; en Córdoba hay testimonio de mujeres dando a
luz esposadas".
Palmieri definió "el tipo de tortura que existe hoy en la Argentina"
al analizar que se da "cuando el privado de su libertad pasa por
condiciones de hacinamiento graves o de enfermedad, y otras violaciones en sus
derechos humanos básicos".
Esto se produce "en gran parte por la existencia de sistemas carcelarios
viejos y su articulación con un sistema judicial que genera esa
sobrepoblación".
Entre las torturas "también impropias de períodos democráticos"
aludió a "los métodos de ´ahogamientos secos, caballito o barquito´, este
último consistente en atar a las personas y tirarlas para que se golpeen contra
el piso", detalló Palmieri. Pero destacó que "afortunadamente hubo
penalidades en algunos casos denunciados en la Provincia de Buenos Aires y
Neuquén".
Diana Conti resaltó que al llegar la pandemia "se creyó que el colapso se
iba a dar en las cárceles pero estuvo dado en los geriátricos". Y recordó
que "toda persona en situación de encierro, en el sector nacional,
provincial, público o privado tiene que tener garantizadas las buenas prácticas
por lo que es fundamental cada jurisdicción tenga un mecanismo local con un
comité de prevención de la tortura".
En la actualidad estos mecanismos solo están operativos "en Chaco,
Corrientes, Misiones, Mendoza, CABA, la Procuración Penitenciaria para cárceles
federales, y en Provincia de Buenos Aires la Comisión Provincial de la
Memoria", enumeró.
Conti insistió también en la necesidad de "modificar las leyes del
macrismo de Ejecución Penal, y los regímenes procesales" así como generar
"un cambio cultural para que nunca más, frente a merecidas
excarcelaciones, se desate una campaña mediática que grite que se liberan
homicidas y violadores cuando además, no es es cierto".
Fuente: Telam