El presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores de Tucumán, Miguel Paz manifestó su preocupación por los aumentos en las tarifas de luz y agua. Consideró que el anuncio es inoportuno.
Durante la última semana, las usuarias y los
usuarios de los servicios de energía eléctrica y de aguao, nos vimos
sorprendidos por un inoportuno anuncio por parte del ente de contralor ERSEPT,
al autorizar abrir el debate público para definir nuevos aumentos en las
tarifas.
Si bien comprendemos que la solicitud de
actualización de la tarifa (VAD / VAASR) realizada por las empresas EDET SA y
SAT SAPEM se encuadra dentro un sistema legal vigente, y que por la Ley
Provincial N° 8479 es el ERSEPT quien debe autorizarlas, previa audiencia
pública donde los usuarios podamos ser partícipes y escuchados (aunque nuestra
opinión no sea vinculante), creemos que llevar a cabo este proceso es
totalmente desacertado en este momento donde estamos sufriendo grandes picos de
contagios del COVID-19.
Escuchamos decir por algunos actores de la sociedad,
que lo convocado por el Directorio del ERSEPT es “inconstitucional” o que “está
violando leyes y DNU presidenciales”, cabe recordar que este proceso, ERSEPT lo
tenía previsto desde antes de la pandemia y que hasta la fecha fueron dictando
resoluciones para suspender el tratamiento de las revisiones (por la pandemia)
debidas a las empresas por el segundo semestre de 2019 y que cumplió con la
reglamentación prevista para convocar a la ciudadanía para participar de las
Consultas Documentadas y Audiencia Pública. También escuchamos a las
autoridades del ente y de las empresas justificar la medida para dar
sustentabilidad a los servicios y generar las inversiones necesarias.
Respecto a las distintas medidas que con
mucho esfuerzo viene realizando el gobierno nacional, es necesario mencionar la
Ley 27.541 “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA”, que se
sancionó al inicio del mandato de Alberto Fernández donde se declara la
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social debido al desastre de la
gestión anterior.
En su artículo 5° establece que el Ejecutivo
Nacional ha de mantener las tarifas de electricidad y gas hasta fin de año
(luego de varias prórrogas a través de DNU) y a iniciar un proceso de revisión
que determine montos más favorables para las usuarias y usuarios de los
servicios que se encuentren en la órbita de su jurisdicción, es decir, aquellos
controlados directamente a través de los Entes Nacionales Reguladores de
Energía y Gas (ENRE / ENARGAS), o sea solo para esa porción de argentinas y
argentinos residentes en CABA. Ahora, este artículo invita a las provincias a
que se adhieran a esta medida y que por lo tanto dicten las normas necesarias
para su cumplimiento.
Es
por eso que desde La Unión de Usuarios y Consumidores, hicimos una
recomendación a la Honorable Legislatura de Tucumán, a través del presidente de
las comisiones de Defensa de las y los Consumidores y Energía, Eduardo Cobos,
para que la provincia adhiera de forma inmediata o proceda a sancionar una
norma local que determine la suspensión de los aumentos, fijando un plazo de
gracia favorable para el bolsillo de las tucumanas y tucumanos que se está
viendo afectado por la circunstancia de salud extraordinaria.
Es nuestro deber como ciudadanos y como
institución aportar para una solución pacífica y favorable para la población,
por eso nos ponemos a disposición de quienes la requieran para trabajar juntos
en la elaboración de una normativa que fije tarifas más justas, más razonables
y sobre todo más humanas.-
Miguel Paz es abogado y presidente de la
Unión de Usuarios y Consumidores