 Pronunciamiento tras la resolución del conflicto con la Policía Bonaerense y las decisiones del Gobierno Nacional. Se destaca la decisión presidencial de disponer recursos, que pone en foco, “una más justa distribución de la renta nacional” El comunicado fue emitido ante la
resolución del conflicto con sectores de la Policía bonaerense y tras la presentación del Plan Integral de
Seguridad por parte del gobernador Kicillof. Texto
del comunicado Como es de público conocimiento, esta
solución se hace viable en lo inmediato a partir de la decisión del
presidente Alberto Fernández de disponer los recursos necesarios mediante una
decisión urgente compatible con una más justa distribución de la renta
nacional. La medida que se tomó en relación con el
excedente de recursos que se había cedido por decreto a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo el gobierno precedente, obedece a un estricto criterio de
equidad y solidaridad sobre la base de un federalismo bien entendido, que
debe ser parte de una política de Estado abocada a la corrección un
problemática de larga data en nuestro país. De hecho, la concentración económica, que
tiene su correlato en la concentración y los desequilibrios regionales, es
uno de los obstáculos que limitan seriamente el desarrollo de las producciones,
industrias, servicios y comercios locales, en un 99 por ciento
correspondientes a micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad y
el campo. Como representantes de miles de Mipymes de
todo el país, afirmamos que ese vasto entramado productivo y social sólo
puede subsistir y prosperar cuando las políticas públicas contemplan
a todas las regiones de modo armónico y con posibilidades de progreso
para todos sus habitantes. Por estos motivos y por el respeto
elemental a los principios democráticos, desde APYME nos pronunciamos en
contra de cualquier tipo de accionar corporativo y desestabilizador, lo
que siempre favorece en última instancia a sectores concentrados que buscan
poner el Estado al servicio de sus privilegios. No es de extrañar que en estos días, cuando
se sucedieron graves transgresiones al orden institucional -de ningún modo
justificables bajo reclamos legítimos de un sector-, no se hayan pronunciado
en defensa de la democracia y la seguridad jurídica las representaciones de
los grandes intereses corporativos, como AEA y el G6. Esto se debe a que, como ha sucedido
lamentablemente en nuestra historia, estos grupos son los verdaderos
promotores y beneficiarios de las alteraciones del orden democrático y las
acciones en contra de los gobiernos populares. Baste recordar el lock out
patronal que financio e instigó el golpe de Estado de 1976, con
Martínez de Hoz a la cabeza. Hoy son los mismos sectores que en los
difíciles momentos que nos tocan vivir a causa de la pandemia de la Covid 19,
buscan sumir a la sociedad en una falsa disyuntiva entre la economía o el
cuidado de la salud pública. Utilizan otros métodos, como la
judicialización de la política y la exacerbación mediática, pero los fines
son siempre los mismos: interrumpir o desgastar proyectos nacionales que
convocan a construir un país industrializado, soberano, equitativo y
solidario. Un país donde la prioridad de las políticas públicas no pase por
la especulación y la fuga de divisas sino por la inversión, el trabajo y la
producción nacional. En estos días, el desesperado llamado del
personal del sistema de salud a la solidaridad y la responsabilidad ciudadana
para impedir que continúen aumentando los contagios, muestra claramente que
el bien común debe estar por encima de operaciones corporativas, políticas y
de medios de comunicación que impulsan conflictos y divisiones en lugar de
alentar el diálogo, la convivencia democrática, el cuidado del
prójimo y de la vida. Expresamos esto en el día en que se
homenajea a las y los docentes, quienes han sufrido postergaciones y
agresiones por parte de los gobiernos que concibieron la salud y la educación
como negocios. Hoy el Estado debe privilegiar también su labor y darles todo
su apoyo y las herramientas necesarias en un contexto que les exige una
entrega y esfuerzo de adaptación que aún no se llega a ponderar. Desde APYME llamamos a toda la dirigencia
política, gremial y empresaria a pronunciarse con claridad por la
preservación del bien común, la defensa de las instituciones democráticas y
la convocatoria al diálogo social por la reconstrucción de una Argentina que
incluya y procure una vida digna a todos sus habitantes. |