La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó que el país "todavía se debe una verdadera reforma judicial", al advertir que el proyecto oficial que el Senado tratará el jueves no tiene ese fin sino que busca "implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994", y le pidió al sistema político "aceptar que cualquier diferencia se discute en el Congreso".
A través de
un texto titulado "¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras,
los acuerdos, el Congreso y la democracia", y publicado en sus redes
sociales, la exmandataria planteó que la iniciativa que será tratada el jueves
en la Cámara alta "crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos
Aires y en el resto del país" y "comienza a implementar el mandato de
la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia
ordinaria a la esfera" porteña.
"A este
proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país,
aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso
y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado
erróneamente 'Reforma Judicial'", expresó Fernández de Kirchner y
puntualizó que "haciendo honor a la precisión semántica que deben tener
nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos
reformas judiciales".
En tal
sentido, la vicepresidenta reseñó: "La primera fue la que envié al
Congreso siendo Presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue
dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus
privilegios".
De esa
manera, la vicepresidenta se refirió al proyecto de "Democratización de la
Justicia" que, aprobado por el Congreso en abril de 2013, fue declarado
inconstitucional por la Corte Suprema en junio de ese año.
"La
segunda -prosiguió Fernández de Kirchner- fue una reforma realizada de facto,
sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año
2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada
únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más
concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de
perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios".
"A
algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas, y a otros para
saldar cuestiones comerciales o hasta personales", completó la
exmandataria.
La
"reforma de facto" atribuida a Macri tuvo, para la vicepresidenta,
"cuatro ejes fundamentales: creó e impuso una mesa judicial en la órbita
del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya
función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py, naturalizada
en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado
de la Constitución".
"Incorporó
la llamada 'Doctrina Irurzun' (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín
Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para
aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal",
dijo, y sumó como tercer factor que "comenzó a trasladar jueces a juzgados
y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento
de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los
jueces".
En cuarto
lugar, sostuvo la expresidenta, la "reforma de facto" de Macri
"convirtió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el órgano
directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos
e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores.
Para ello se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri
había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno".
Sobre el
final de su artículo, Fernández de Kirchner señaló que "el país todavía se
debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este
jueves".
"Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso", subrayó.
Fuente: Telam