Además, el flagelo constituye una amenaza a la conservación del ecosistema y las especies marítimas porque la actividad se realiza sin control, siendo el calamar, la merluza y el abadejo las más afectadas en forma directa. El Congreso debe debatir un proyecto que consolida las multas por la pesca ilegal.
Por Emiliano Bonanotte
La pesca ilegal (principalmente la que ocurre
en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y la no reglamentada en
aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una
pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según
estimaciones de especialistas.
En diálogo con Télam, el director ejecutivo de la Organización para la
Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que "la
pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza
en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada".
Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la
captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas
al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.
En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por
parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio
autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola
pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando
ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones
brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto
Rattenbach.
Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe
Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.
En particular, han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio
de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la
sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.
También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina,
que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro
territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en el año 2017.
Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las
sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena
mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales
rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de
pesos, a precio actual del gasoil.
La
principal zona de pesca ilegal es la que rodea a las Islas Malvinas.
"La extensión que plasma el nuevo mapa
es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial
marítimo, si no también los recursos naturales que devienen en un potencial
para el desarrollo económico de nuestra Nación", explicó Rattenbach a
Télam.
En tanto, Eduardo Pucci aseguró que "la extensión de la plataforma tiene
una enorme importancia geopolítica", pero aclaró que "no tiene
potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, si no sobre la
exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos
sedentarios".
Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo a
Télam que "el combate de la pesca ilegal es una prioridad
absoluta" y que la que principalmente afecta a Argentina es "la que
se da en aguas de Malvinas".
En consonancia, destacó que en el 2020 "capturamos tres barcos, que es una
cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la
temporada".
Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales
adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la
legislación del Estado nacional.
Es
inadmisible que un área de esa extensión y complejidad de biodiversidad no
tenga un ordenamiento, situación que aprovechan las flotas extranjeras para
operar en forma indiscriminada y sin ninguna regulación”
EDUARDOPUCCI
De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo
alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a
los US$ 1.000 millones.
Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, Pucci resalta
que con la pesca no reglamentada "lo que más se afecta es el desarrollo
pesquero argentino" ya que la industria nacional debe competir contra
"depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni
regulaciones", lo que abarata sus costos.
Al respecto, Rattenbach señala que, a la enajenación de recursos e ingresos,
hay que sumarle "la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad
e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional
o mantenimiento de flotas".
"En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques
argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico
y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de
conservación", remarcó Pucci.
Y concluyó: "Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a
la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen
estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y
se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación".
Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida
económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación
del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el
potencial de la industria nacional.
Fuente: Telam