EL ESTADO NACIONAL TOMARA EL CONTROL DE VICENTIN
Lo anunciará el presidente Alberto Fernández. Se trata de una de las principales productoras y exportadoras de alimentos del país y adoptaría un modelo similar al de YPF. La empresa había pedido la quiebra en diciembre y se investiga si no hubo fraude. Está imputado el extitular del Banco Nación Javier González Fraga.
Alberto Fernández decidió que el Estado
argentino rescate la estratégica firma alimenticia Vicentín, que se había
declarado insolvente en diciembre, dejando deudas por casi 1500 millones de
dólares con el Banco Nación y más de dos mil productores y quinientas PyMEs del
sector. Mientras se investiga la responsabilidad de sus directivos y
funcionarios del gobierno anterior en la quiebra, el Presidente decidió hacer
valer las acreencias con la banca pública para transformarla en una empresa
mixta con control estatal, utilizando un modelo similar al de YPF.
Con esta decisión, el Estado quedará en
condiciones de garantizar la continuidad de más de siete mil puestos de trabajo
directos y veinte mil indirectos y de tomar control de posiciones clave en la
cadena de la industria alimenticia, tanto en lo que respecta al abastecimiento
del mercado interno como a la exportación de granos, dos ejes claves en la
política económica para el gobierno. Vicentín es un conglomerado empresarial
que controla puertos, fábricas de envases, acopiadoras y procesadoras de
granos, frigoríficos, hilanderías, y una planta de biodiesel, entre otros
emprendimientos vinculados al agro.
Entre 2015 y 2019, durante el gobierno
de Mauricio Macri, la firma escaló posiciones en los ránkings de las
principales empresas del sector, pero en diciembre del año pasado declaró el
default, en una maniobra que está siendo investigada en fuero penal. El Banco
Nación le prestó 18 mil millones de pesos, eludiendo todas las regulaciones. De
los 72 empréstitos, 28 se autorizaron en noviembre, después de la derrota de
Cambiemos en las urnas. El extitular Javier González Fraga se encuentra
imputado, junto a otros funcionarios. También se investiga si ese dinero se
fugó del país triangulando operaciones simuladas en el extranjero.
La semana pasada, un grupo de dirigentes
políticos que incluye funcionarios oficialistas había publicado una carta
titulada “Vicentin debe ser una empresa pública no estatal”, donde advierten
sobre el riesgo de que el saldo del fraude cometido sea “una mayor
concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena
de producción alimentaria”. La propuesta señala que “Argentina necesita hoy una
empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite
y alimentos” y sugiere que se den “los pasos necesarios para transformar a
Vicentin en una empresa pública no estatal”.