Tucumán va por una independencia antiderechos¿Qué está pasando en la provincia de Tucumán con la adhesión a la Ley Micaela?
La provincia de Tucumán es una de las jurisdicciones que más resistencia presenta a adaptar su legislación a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud sexual y reproductiva. No tiene ley de paridad, lleva 18 años de mora en la adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable, no aplica el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Educación Sexual Integral (ESI) se implementa de manera segmentada y desigual.
Por todo esto no es sorpresivo que sea la única provincia del país
que no haya adherido aún a la Ley Micaela, de capacitación en materia de género
a quienes se desempeñan en la función pública, y que haya sido frenada la
adhesión prevista para esta semana. No es sorpresivo pero sí escandaloso.
El
proyecto de adhesión a la Ley Micaela obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión
de Mujer, que encabeza la peronista Marta Najar, en el mes de febrero. Desde
entonces comenzaron a tejerse estrategias para frenar el avance de la norma,
desde sectores que pueden caracterizarse como antiderechos. Se trata de
legisladores de la oposición provincial al gobernador Juan Manzur, y también
miembros de su propia tropa. Pero el derrotero se aceleró recién a principios
de mayo, cuando la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó un
proyecto de ley que se opone a la adhesión. La iniciativa, firmada también por
el bussismo y el macrismo, describe la norma como parte de la ideología de
género, un sintagma engañoso que allí donde hay un avance de derechos sexuales
y reproductivos y una reparación de la desigualdad histórica de género ve una
amenaza a los valores más tradicionales: dios, familia y propiedad. Según la
misma Pecci: “La Ley Micaela prioriza el adoctrinamiento ideológico por
sobre la real protección a las mujeres”. Su compañero de fuerza política,
Ricardo Bussi, por su parte ha hecho parva de declaraciones públicas en el
mismo sentido, entre ellas un tuit: “La Ley Micaela tiene orientación
ideológica ultra feminista y abiertamente abortista”.
El
tratamiento del proyecto para adherir a la norma nacional, que lleva el nombre
de Micaela García, la joven entrerriana víctima de femicidio en 2017, estaba
pautado para este jueves 14 de mayo. Al observar los índices y estadísticas de
la provincia se vuelve evidente la necesidad de una ley que capacite en el
abordaje de las problemáticas de género y las violencias machistas a todxs lxs
miembrxs de los tres poderes del Estado.
En lo que va de 2020 hubo al menos 8
femicidios y, según los últimos números, en 2017 hubo 4.231 embarazos de
adolescentes entre 15 y 19 años. Sin embargo, la obstaculización de la ley tuvo
un nuevo capítulo este martes, cuando el radical Raúl Albarracín presentó un
proyecto que transforma la Ley Micaela hasta volverla irreconocible, con el
aval y la firma del presidente subrogante de la Legislatura provincial, el ex
ministro de Gobierno y Justicia de Manzur, Regino Amado.
El proyecto de
Albarracín incorpora la objeción de conciencia (un punto reclamado como
salvoconducto también en el marco de la Ley de interrupción voluntaria del
embarazo), establece que las capacitaciones las pueden dar entidades privadas y
elimina de la tipología de violencias a la obstétrica. El proyecto fue
acompañado por firmas oficialistas, radicales, macristas y algunas firmas
peronistas decidieron bajarse en las últimas horas.
El
presidente de la Legislatura provincial y vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se
pronunció hace una semana para sentar su posición: “se está viendo si se hace
una adhesión o si se adecúa a la realidad tucumana”. En cambio, el Gobernador
apareció recién en la tarde del miércoles 13 con un tuit: “Somos conscientes de
la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la
Argentina, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos
atraviesan. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán
adhiera a la Ley Micaela”. La divergencia de posiciones es notable al interior
del Gobierno.
Tal
es el tira y afloje que en la tarde del jueves 14 de mayo el mismo Jaldo
anunció en una videollamada pública con el padre de Micaela, Néstor García, que
“a partir del jueves que viene, toda la República Argentina tendrá la Ley
Micaela”.
Desde
organizaciones de derechos humanos, feministas y políticas hubo
pronunciamientos en la medida que la situación cobró alcance nacional. En
apariencia el trabajo de visibilización surtió el efecto deseado.
Andhes
(Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios
sociales) emitió un
comunicado en el que expresan su posición: “Al adherir a la normativa,
la provincia honra sus principios constitucionales, puesto que se trata de una
acción que promueve medidas de acción positiva y la remoción de los obstáculos
para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Provincial, la
Constitución Nacional, y por los Tratados Internacionales vigentes sobre
Derechos Humanos, tal como prevé su artículo 24. Lejos de ir en detrimento de
la autonomía provincial, adherir a la Ley Micaela es asumir un rol protagónico
en el esquema federal previsto por nuestra jerarquía normativa”.
Desde
Ni Una Menos Tucumán promovieron un comunicado en el que exigen “que la
Legislatura adhiera a la Ley Nº 27499, los derechos son progresivos, debemos
avanzar, tal como ya lo hicieron todas las demás provincias del país. Exigimos
estar a la altura de lo que representa la realidad que vivimos con la violencia
de género en sus distintas formas en nuestra provincia” y reclaman que la ley
sea votada “sin demoras y sin modificaciones”. La posición es acompañada por
decenas de organizaciones, referentes e instituciones públicas y privadas. La
Universidad Nacional de Tucuman, por caso, aprobó la adhesión a al ley Micaela
por unanimidad en 2019.
El femicidio de Micaela García era evitable.
A Micaela la violaron y la mataron en
la madrugada del 1ro de abril de 2017. El 31 de marzo el papá de una joven fue
a denunciar en la Comisaría de Gualeguay que Sebastián Wagner (hoy cumpliendo
condena por el femicidio de Micaela) había intentado abusar de su hija. En ese
momento, Wagner estaba con libertad condicional por dos violaciones previas.
Según Néstor “Yuyo” García, padre de la joven militante, “ese policía que
recibió la denuncia le dijo a ese papá venga el lunes porque no está la jueza.
Si ese policía se hubiese capacitado según la Ley Micaela tal vez hubiese
actuado de manera diferente y si Sebastián Wagner estuviera viviendo en el
domicilio declarado, esa noche la hubiera pasado en la comisaría. Entonces no
se la hubiese encontrado a Micaela caminando por las calles de Gualeguay”. Al
mes siguiente de su asesinato, el proyecto de ley de capacitación obligatoria
en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado o
“Ley Micaela” llegó al Congreso. En 2018 fue aprobada por ambas cámaras.
Tucumán es la única provincia que aun no la adoptó como propia.
Tucumán,
la provincia que busca independencia antiderechos es a la vez la misma que
ostenta un movimiento feminista organizado y potente, como pudo conocerse en el
acompañamiento de Belén, la joven presa por sufrir un aborto espontáneo y
Lucía, la niña obligada a gestar.
Publicado en mayo 14, 2020