El gobierno deberá pagar pensiones dadas de baja hace tres años.
Así lo estipula un nuevo fallo judicial. Son pensiones que el gobierno se niega a restablecer sistemáticamente. La asociación civil que inició la demanda judicial denunció aprietes del macrismo.
La justicia estableció que ciertos artículos de algunas normas y resoluciones de las que se valió el gobierno para dar de baja y obstaculizar el alta de decenas de miles de pensiones son inconstitucionales. La semana pasada, la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social resolvió suspender el "circuito de descargo" implementado por la ANSeS que justificaba la quita masiva de este derecho. La organización civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que impulsó esta demanda en contra del Ministerio de Desarrollo Social explicó en una conferencia de prensa las implicancias del fallo y denunciaron públicamente que el gobierno busca criminalizar su actividad.
“Es un fallo de una enorme trascendencia pero no lo podemos efectivizar desde REDI, porque somos una organización pequeña y porque es demasiado el trabajo que hay que hacer. Por eso presentamos una nota a la Defensoría General de la Nación para intentar reunirnos con su titular, Stella Maris Martínez, para que de alguna manera pueda dar indicaciones a las defensorías de los distintos lugares del país para que se puedan conocer los alcances de la sentencia”, explicó Marcelo Betti, el presidente de REDI, el jueves pasado en el Aula 300 en la sede de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Cuando el macrismo llegó al poder, entre otras medidas impopulares, apuntó a las pensiones no contributivas: en 2016 dio de baja unas 30.000; mientras que en 2017 la suspensión fue de 170.000. Luego de que la implementación de esta política trascendiera la esfera pública, algunos medios afines al gobierno precisaron que se trataban de “pensiones truchas”. Sin embargo, la ministra Carolina Stanley debió salir a aclarar que se trataban de “errores” y que los iban a “revisar”. Finalmente, según calcularon los trabajadores nucleados en ATE Pensiones apenas fueron restituidas 39.340 de 2017 y 4.258 de 2016, por lo que faltaría devolver unas 160.000 pensiones.
Los beneficiarios de esta pensión son aquellas personas que tienen alguna discapacidad y además están en situación de extrema vulnerabilidad. Son incorporados al Programa Incluir Salud y tienen derecho a una percepción del 70% de una jubilación mínima.
La abogada de REDI, Varina Suleiman, expuso que la baja indiscriminada se debe a que “el gobierno tiene una concepción de las pensiones relacionadas con la caridad, pero la justicia entendió que es un derecho, no un favor, como lo plantea el ministerio de Desarrollo Social y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) en el expediente”.
Para Suleiman “las pensiones no contributivas son la última ratio y no la primera causa. Quiere decir que las pensiones tienen que entrar a jugar en última instancia cuando el Estado ya agotó todos los medios para que la personas con discapacidad pueda vivir y ganar un salario de manera autónoma y en igualdad de condiciones”.
Respecto al fallo, la abogada puntualizó que se dio en “un contexto en el que el Estado ha mandado lotes de cartas documento intimando a los pensionados a que si en 60 días no tienen el certificado médico obligatorio van a perder la pensión”. Es que el año pasado la jueza Adriana Cammarata, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, había ordenado restituir todas las pensiones suspendidas o interrumpidas por disposición de Guillermo Badino, entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente de Desarrollo Social. Ese organismo luego fue reemplazado por la ANDis. Cammarata había considerado que no se respetó el derecho a la defensa ante la baja masiva.
Rápido de reflejos, el gobierno desempolvó viejos decretos y resoluciones para darle forma legal a un "circuito de descargo" para aquellas personas que consideraban que debían revalidar este derecho ya adquirido. Mientras tanto, echó a cientos de trabajadores sociales y empleados de los Centros de Atención Locales (CAL) y cerró decenas de estas oficinas, desguazando así el sistema de otorgamiento de pensiones en todo el país.
“Estamos contentos con esta sentencia pero no nos podemos quedar dormidos. Hay personas que no cobraron 2016, 2017 y 2018 y van a tener que recibir todo ese dinero. No creo que el estado se esté sentando a hacer esos cálculos”, analizó Suleiman, quien consideró que “se necesita presupuesto, pero como ya fue sancionado, la ANDis debe instar al jefe de Gabinete, que es quien tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias, para que se dé cumplimiento a la medida”.
Al igual que hizo ante cada fallo adverso, se descarta que el gobierno apele la medida por lo que el caso llegará a la Corte Suprema de Justicia. REDI también consideró la actitud del macrismo frente a estas sentencias, tras las cuales el gobierno presenta nuevas resoluciones o normas legislativas para darle sustento legal a sus políticas. Entonces, en esta oportunidad, desde la asociación aseguraron que presentaron un amparo para que los efectos suspensivos de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social se mantengan hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Apriete estatal
En la conferencia de prensa del jueves, Suleiman recordó una causa penal que el gobierno inició en contra de REDI por considerar que sus integrantes habían tenido un comportamiento “temerario y malicioso” luego de que le presentaran un escrito a la jueza Cammarata para que investigara la posible vinculación del suicidio de un beneficiario con la quita de su pensión, tal como había informado un medio de comunicación salteño. “Ahora, seguramente intentarán reactivar esta denuncia para amedrentarnos”, sentenció Suleiman.