La pérdida de biodiversidad en Argentina es una constante que, en los últimos veinte años, alcanzó un ritmo que alarma: casi 400.000 hectáreas de bosque nativo se deforestan por año, causando una serie de impactos ambientales como el alud que, en 2009, azotó a la localidad salteña de Tartagal y dejó un saldo de dos muertos, mil afectados, cientos de viviendas destruidas y pérdidas millonarias.

Las tasas anuales de pérdida forestal no solo convirtieron a la Argentina en el segundo país con más desmontes de la región después de Chile, sino que, en provincias como Salta y Santiago del Estero, estas cifras alcanzaron, por momentos, valores 14 veces más elevados que el promedio internacional.

Si bien en 2007 el Congreso de La Nación aprobó la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el geógrafo e investigador de CONICET, Sebastián Gómez Lende, afirma que la norma estuvo lejos de evitar los desmontes: desde su sanción en adelante, casi 1.000.000 de hectáreas fueron ilegalmente deforestadas en Argentina.

En un estudio publicado por la revista Papeles de Geografía, Gómez Lende investigó la progresión de la deforestación a nivel nacional entre 1998 y 2016 y encontró que, en esa etapa de neodesarrollismo, “se perdieron 6.906.160 hectáreas de bosque nativo”.

A su vez, detectó que el 84,45% de la deforestación ilegal tuvo lugar en las cuatro provincias más afectadas por la tala: Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, siendo estas dos últimas las que concentraron la mayor superficie de desmontes clandestinos, aún en momentos posteriores a la sanción de la ley.

Según el geógrafo, el fenómeno del desmonte se sostiene por “la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado, la debilidad regulatoria y la corrupción institucional”, y argumenta que “el pretexto de la federalización de los recursos naturales ha dejado abierta la puerta para la aplicación sesgada de la ley, librada al criterio de los gobiernos provinciales de turno”.

Hecha la ley, hecha la trampa

La Ley de Bosques asumía el objetivo de proteger las superficies forestales y no forestales según grados de importancia estratégica, valor cultural y funciones ecosistémicas, como fijación de carbono y prevención de inundaciones.

A grandes rasgos, el texto divide a estas áreas según la mayor o menor necesidad de conservación. Las categorías varían entre “rojo”, “amarillo” (ambas con prohibición absoluta de desmontes) y “verde”.

En esa línea, las provincias eran las encargadas de clasificar los bosques mediante sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN). Sin embargo, y a pesar de que se estipulaba un lapso máximo de un año para completar los inventarios, el proceso recién se completó en 2017.

Si bien ya cada provincia clasificó sus bosques, no siempre respetan lo previsto para cada categoría. Un informe recientemente publicado de la Auditoría General de la Nación indica que, en Santiago del Estero, la provincia más desmontada del país, se constató la existencia de explotaciones agrícolas y ganaderas habilitadas en áreas clasificadas en la Categoría I (rojo), es decir, donde cualquier actividad productiva es ilegal.

En esa línea, Gómez Lende asevera: “Si la falla del Estado nacional es por omisión, la de las provincias es por acción directa. Por acción u omisión, el gobierno nacional y sus pares provinciales desarrollan políticas que explican este continuo y creciente avance del desmonte ilegal”.

Con respecto al financiamiento, la ley establecía la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que compensaba a las provincias por proteger estas superficies y establecía la asignación anual de partidas que no podrían ser “inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, además del aporte del 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal.

Para el geógrafo, el hecho de que la conservación se financie, en parte, con impuestos a la producción agrícola y forestal, resulta una paradoja. “Las leyes como la Ley de Bosques -señala- cumplen un rol bastante ambiguo que ejemplifica las contradicciones internas del propio Estado, que pareciera debatirse entre el interés por profundizar el modelo extractivo por un lado y limitar sus consecuencias socio-ambientales por el otro”.

En rigor, dos años después de que se reglamentara la ley, el Poder Ejecutivo puso en marcha el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, que impulsaba el avance de la frontera agropecuaria hasta alcanzar las 42 millones de hectáreas.

Otro dato que surge del estudio es que parte del Fondo de Conservación se destina a agentes privados propietarios de tierras boscosas que quedaron incluidas en las Categorías I (rojo) y II (amarillo) -donde se prohíbe desmontar- a cambio de que conserven los bosques nativos.

“Según fuentes oficiales –explica Gómez Lende- entre 2010 y 2016 se destinaron casi 1.500 millones de pesos a financiar planes de manejo sostenible y/o conservación, de los cuales el 87% fue absorbido por empresas y particulares que en su mayoría tienen interés en la profundización del modelo extractivista”.

A su vez, el financiamiento real percibido por el Fondo de Conservación siempre fue menor a lo planteado por la normativa. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2019 se asignaron $595,5 millones, lo que equivale al 0,01 por ciento del presupuesto nacional. En 2018 y 2017, las partidas significaron un 0,02 y 0,03 por ciento del presupuesto, respectivamente.

En suma, son múltiples los factores que, a doce años de la sanción de una ley de corte proteccionista, impulsada mayoritariamente por organismos medioambientales y sociales, la degradación de los ecosistemas boscosos siga un curso similar a etapas anteriores.

“Ni la Nación ni las provincias velan por el cumplimiento estricto de la Ley de Bosques. Cada gobierno provincial interpretó la norma a su antojo e incorporó significados muy ambiguos y discutibles al concepto ‘sustentable’. Existe una falta de unificación de criterios que distorsiona el espíritu de la norma para beneficiar a los agentes ligados a la expansión de la frontera agropecuaria”, concluye el investigador.

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