El Sector Público Nacional (SPN) cerró marzo de 2026 con un superávit primario de $0,93 billones y un resultado financiero positivo de $0,45 billones. Sin embargo, estas cifras —celebradas por el Poder Ejecutivo— esconden una ingeniería financiera que posterga compromisos y un esquema de prioridades fiscales que pone bajo la lupa el financiamiento educativo frente a los beneficios otorgados al sector exportador.
El "déficit invisible" de la deuda
Aunque el saldo de caja arroja resultados positivos, el análisis de CEPA advierte sobre el déficit financiero implícito. El Tesoro ha priorizado la emisión de títulos capitalizables (LECAP, BONCAP y DUALES). Si se incluyeran los intereses capitalizados en estos instrumentos, que solo en marzo ascendieron a $2,32 billones, el resultado financiero real no sería un superávit, sino un déficit de $1,84 billones. Bajo esta premisa, el déficit acumulado desde enero de 2024 alcanzaría los $41,49 billones.
Retenciones vs. Universidades: la brecha de prioridades
Uno de los datos más críticos del informe vincula la política tributaria con el ajuste educativo. En el primer trimestre de 2026, la reducción de alícuotas para oleaginosas, cereales y carnes —vigente desde julio de 2025— generó una pérdida de recaudación de $0,85 billones respecto al año anterior.
Esta "renuncia fiscal" por parte del Estado equivale a casi tres veces el ajuste aplicado a las Universidades Nacionales en el mismo periodo. Según el informe, la brecha acumulada entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026 en el presupuesto universitario es de $313.322 millones. En términos comparativos, el costo fiscal de bajar retenciones habría permitido financiar 2,7 veces el recorte sufrido por las casas de altos estudios.
En este marco, la Ley de Financiamiento Universitario continúa en un limbo judicial. Tras el fallo que ordenó su cumplimiento, el Gobierno presentó un recurso extraordinario el pasado 17 de abril, trasladando la decisión final a la Corte Suprema de Justicia.
Radiografía del ajuste
La consolidación del ajuste se verifica en una caída real del gasto primario del 31,5% comparado con marzo de 2023. Los rubros más afectados exponen la profundidad del recorte:
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Obra Pública: La inversión en capital muestra una caída real del 85,4% interanual, sin señales de recuperación.
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Seguridad Social: Las prestaciones sociales cayeron un 15,7% respecto a 2023. Jubilaciones y pensiones contributivas retrocedieron un 9,4%, mientras que programas como Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar (congelada desde julio 2024) sufren una licuación sistemática de sus montos.
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Salarios Públicos: Los gastos de funcionamiento cayeron un 33,8% contra 2023, motorizados por haberes estatales que pierden un 42,8% frente a la inflación.
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Subsidios al Transporte: La suspensión de compensaciones en el AMBA y el sistema SUBE derivó en una contracción del 50,1%.
El frente externo: Metas con el FMI
A pesar del cumplimiento de la meta de marzo por un margen de $0,14 billones, el horizonte hacia junio presenta desafíos. El FMI aprobó recientemente los desembolsos pendientes, respaldado en la acumulación de reservas y la aprobación del Presupuesto 2026. No obstante, las proyecciones indican que, de mantenerse la dinámica actual de ingresos a la baja (caída del 5,8% interanual), el Gobierno podría incumplir la meta de junio por $1,59 billones, a menos que logre acumular un superávit promedio de $1,34 billones en cada uno de los meses restantes del trimestre.
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