La detención fue rechazada por diversas figuras políticas, como la excandidata presidencial Luisa González, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la asambleísta Viviana Veloz (todas del movimiento Revolución Ciudadana), la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel y Raúl Chávez (movimiento Reto) y el excandidato presidencial Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano).
En tanto, Viviana Veloz, manifestó que la detención «no es un hecho aislado, es el resultado de una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. Es, además, una represalia directa frente al proceso de enjuiciamiento político contra Mario Godoy, uno de los operadores colocados estratégicamente para servir al poder político y a intereses oscuros en la cúspide de la justicia».
Coronel refirió que «Álvarez es una de las voces de oposición más frontales del país. Ha confrontado el desgobierno y ha defendido sin concesiones la autonomía de los gobiernos locales«.
Raúl Chávez señaló: «Aquiles es un preso político, que a nadie le quede ninguna duda. Lo detienen para silenciarnos, como represalia porque durante meses denunciamos los nexos del narcotráfico y el poder político«.
Por su parte, Granja vinculó la detención con las recientes declaraciones del alcalde sobre la inseguridad y el narcotráfico. «Aquiles Álvarez explicó cómo se mueve el narcoterrorismo en Ecuador, los barcos bananeros que salen con cocaína a Europa, un sistema judicial que opera como carrusel para liberar a los capos«, expresó en la referida red social.
La Fiscalía General del Estado informó, a través de la red social X, que en la provincia de Guayas se ejecutó un operativo como parte de un proceso por supuesta estructura criminal orientada al lavado de dinero y la defraudación tributaria.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, las órdenes de aprehensión contra un total de 11 personas, entre ellas Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier, fueron emitidas con el objetivo de formular cargos. Los arrestos tuvieron lugar a medianoche.
Ramiro García, abogado del alcalde, declaró a una emisora local que la medida obedece a razones políticas. El jurista sostuvo que el proceso busca desviar la atención de un juicio político en curso y denunció que “se está utilizando el caso como una cortina de humo”.
García hizo referencia a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien enfrenta un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional por interferencias en la administración de justicia. El juicio se originó tras la denuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presiones para fallar a favor de un ciudadano serbio vinculado a redes de narcotráfico.
El alcalde de Guayaquil ya se encontraba bajo medidas judiciales desde mediados de 2024, cuando se le impuso el uso de un grillete electrónico en el marco del denominado caso Triple A. En ese proceso, Álvarez es investigado por la presunta venta irregular de combustibles.
Aquiles Álvarez fue elegido alcalde en 2023 con el respaldo del movimiento Reto y de Revolución Ciudadana (RC), fuerza política de izquierda liderada por el expresidente Rafael Correa. Desde entonces, ha enunciado en reiteradas ocasiones que las causas judiciales en su contra forman parte de una estrategia de persecución impulsada por el actual mandatario, Daniel Noboa.
Su defensa sostuvo que, durante la etapa de formulación de cargos, la aplicación de prisión preventiva carecería de sustento legal, ya que el alcalde cuenta con un dispositivo de geolocalización y ha cumplido de manera regular con las presentaciones dispuestas por la Fiscalía.
“No existe riesgo de evasión de justicia y, según estándares de la Corte Constitucional y la Corte IDH, privarlo de libertad sería ilegal”, advirtió García.
El caso Triple A se originó a partir de una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, entidad del Gobierno de Noboa, a quien Álvarez señaló como responsable de impulsar las acciones judiciales en su contra.
Tras conocerse la detención, dirigentes y legisladores de la Revolución Ciudadana manifestaron públicamente su rechazo al procedimiento y reiteraron que se trata de un nuevo episodio de persecución política.
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